El Texto Refundido de la Ley de Prevención y Control Integrados de la Contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre, establece que las comunidades autónomas son las competentes para adoptar las medidas cautelares y las de control e inspección, así como para ejercer la potestad sancionadora y para garantizar el cumplimiento de esta norma en su ámbito de aplicación, (actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada), sin perjuicio de la competencia estatal en esta materia respecto de los vertidos a cuencas gestionadas por la Administración General del Estado.

En el ámbito de la Región de Murcia la actividad de control y disciplina ambiental vienes recogida en el Título VIII de la ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada, que establece las competencias para la vigilancia e inspección ambiental de la administración autonómica y local, así como la responsabilidad ambiental, el restablecimiento de la legalidad ambiental y el régimen sancionador.

Con la inspección ambiental se pretende garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental y por tanto prevenir, proteger y reducir o eliminar, en la medida de lo posible, los efectos potencialmente lesivos para el medio ambiente derivados de la actividad industrial y, por tanto, disfrutar de un mayor nivel de protección del medio ambiente.

La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, a través de la Consejería competente en materia de medio ambiente llevará a cabo, sin perjuicio de las actuaciones inspectoras que correspondan a otros órganos o entidades en materias de su competencia, las tareas de inspección que tendrán por objeto:

• La vigilancia de las actividades o instalaciones que se lleven a cabo en el territorio de la Región de Murcia, para el descubrimiento de las no autorizadas.
• Comprobar el cumplimiento de los requisitos impuestos en las autorizaciones ambientales autonómicas, así como de la legislación ambiental que sea de aplicación.
• Seguir y vigilar el cumplimiento de la declaración de impacto ambiental, cuando la condición de órgano sustantivo corresponda a un órgano de la Consejería competente en medio ambiente. Los órganos sustantivos llevarán a cabo las labores de seguimiento de los planes de vigilancia establecidos en los procedimientos de evaluación ambiental.
• Investigar accidentes o incidentes con efectos ambientales.
• Verificar las denuncias que se formulen adecuadamente contra el medio ambiente y ofrezcan indicios racionales de la comisión de una infracción ambiental.

La inspección ambiental que lleven a cabo los ayuntamientos tendrá por objeto:

• La vigilancia de las instalaciones o actividades realizadas en el término municipal, para el descubrimiento de las no autorizadas.
• La comprobación del cumplimiento de las condiciones ambientales de su competencia impuestas por las autorizaciones ambientales autonómicas y la licencia de actividad.
• La vigilancia del cumplimiento de las ordenanzas ambientales municipales y demás normativa ambiental en el ámbito de su competencia.

Tanto las autorizaciones ambientales autonómicas como las declaraciones de impacto ambiental establecen qué parte de la vigilancia del condicionado ambiental corresponde a las entidades locales y cuál corresponde controlar a los órganos inspectores autonómicos, sectoriales o ambientales, de acuerdo con la distribución competencial de todos ellos.

Las labores de vigilancia e inspección ambiental la desarrollan funcionarios que, actuando en el ejercicio de sus funciones, tienen la consideración de agentes de la autoridad y están facultados para acceder, previa identificación, a cualquier lugar, instalación o dependencia donde se desarrollen actividades sujetas a la legislación ambiental, examinar la documentación y efectuar mediciones y tomas de muestras. En toda visita de inspección se levanta acta descriptiva de los hechos, aun en caso de que se compruebe el correcto funcionamiento de las instalaciones. Las actas de inspección gozan de presunción de certeza y se completan con un informe posterior cuando sea necesario valorar el cumplimiento de la normativa, los resultados de los muestreos o cuando se deban realizar valoraciones posteriores de los hechos comprobados en la inspección.

Las inspecciones pueden ser ordinarias, cuando se derivan de planes o programas de inspección de carácter plurianual, o extraordinarias, cuando se realizan a causa de una denuncia o reclamación, con ocasión de la concesión, renovación o modificación de una autorización o la emisión de un informe preceptivo, o bien a causa de la ocurrencia de accidentes, incidentes o supuestos de incumplimiento de la legalidad ambiental.

Los titulares de instalaciones, de titularidad pública o privada, el personal a su servicio y demás personas con las que se entiendan las actuaciones inspectoras tienen el deber de colaborar con ellas.

Los inspectores podrán requerir, cuando sea necesario para el cumplimiento de las tareas que tienen asignadas, la asistencia de los cuerpos de seguridad del Estado y policía local.

A efectos de inspección ambiental se ha establecido el procedimiento 1589, disponible en la sede electrónica de la CARM y al que puede acceder desde el área Procedimientos de esta página.

La Ley 4/2009, de 14 de mayo, de protección ambiental integrada de la Región de Murcia establece, en su artículo 130, que la Consejería con competencias en materia de medio ambiente elaborará planes de inspección ambiental con la finalidad de programar las inspecciones ambientales que se realicen.

Por su parte, las instalaciones que se encuentran bajo el ámbito de aplicación de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre, sobre las emisiones industriales, son aquellas que por su mayor potencial contaminante se sujetan a autorización ambiental integrada. El artículo 23 de la misma establece que todos los Estados miembros se asegurarán de que dichas instalaciones estén cubiertas por un plan de inspección medioambiental a escala nacional, regional o local y que éste se reexamine y, cuando proceda, se actualice regularmente. Esta Directiva está recogida en el ordenamiento jurídico español vigente el Texto Refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre.

Así mismo, el Reglamento (CE) 1013/2006, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2006, relativo a los traslados de residuos, fija la obligación de establecer planes de inspección basados en una evaluación de riesgos, reforzando las disposiciones sobre inspecciones anteriormente vigentes, por lo que, tanto la Administración General del Estado

como las Comunidades autónomas, en el ámbito de sus respectivas competencias, deberán planificar adecuadamente las inspecciones de traslados transfronterizos de residuos con el fin de determinar los medios necesarios, prevenir con eficacia los traslados ilícitos, y garantizar que se han establecido, para la totalidad de su territorio geográfico, uno o más planes, bien por separado o bien como parte de otros planes.

En este marco, la comunidad autónoma cuenta con los siguientes instrumentos:

• Plan de Inspección Ambiental para el periodo 2022-2028, aprobado por Orden de 13 de mayo de 2022 de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca y Medio Ambiente.
• Programa de Inspección Ambiental para el año 2022, aprobado por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 15 de junio de 2022.
• Programa de Inspección Ambiental para el año 2023 aprobado por Resolución de la Dirección General de Medio Ambiente de 20 de febrero de 2023.

De conformidad con lo establecido por el RDL 1/2016, de 16 de diciembre, se incluyen en este apartado los resultados de las actuaciones de inspección ordinaria correspondientes a las instalaciones en las que se realizan actividades sometidas a Autorización Ambiental Integrada.

Las distintas administraciones públicas con competencias en materia de inspección ambiental, han constituido herramientas de colaboración tanto a nivel estatal como a nivel europeo, denominadas Redes de Inspección:

La Red de Inspección Ambiental REDIA es un instrumento para la cooperación e intercambio de experiencias entre los responsables de las Inspecciones Ambientales de las Comunidades Autónomas, cuya finalidad es contribuir a la protección del medio ambiente a través del desarrollo y la mejora permanente de la Inspección Ambiental, teniendo como objetivos entre otros:

• contribuir a la obtención de una mayor consistencia y coherencia en todos los territorios en la interpretación y aplicación adecuadas de la legislación ambiental,
• canalizar la participación de las Comunidades Autónomas en la Red Europea IMPEL,
• desarrollar proyectos técnicos conjuntos en materia de inspección ambiental y producir documentos de orientación hacia las buenas prácticas, guías, herramientas y estándares comunes para contribuir activamente a la mejora sustancial de la inspección ambiental.

Esta Red tiene sus propios estatutos y tiene un comité plenario constituido por todos sus miembros que se reúne al menos una vez al año y un comité ejecutivo formado por cinco comunidades autónomas y el presidente.

Son miembros de REDIA los responsables de la Inspección Ambiental de las Comunidades Autónomas o Ciudades Autónomas, designados por las respectivas autoridades ambientales que así lo decidan y lo soliciten, así como representantes del Ministerio con competencias en medio ambiente.

La comunidad autónoma de la Región de Murcia, representada por la Dirección General de Medio Ambiente es miembro de REDIA.

A nivel europeo existe la Red de la Unión Europea para la aplicación y el cumplimiento del Derecho ambiental (IMPEL) en la que participan todos los países de la Unión, países de la AEE (Área Económica Europea) y países candidatos, así como la Comisión Europea (COM), es una red de autoridades medioambientales cuyo principal objetivo es el intercambio de información y experiencias en el otorgamiento de autorizaciones, realización de inspecciones y aplicación de la legislación medio ambiental, con el fin de lograr una mejor aplicación de la misma en todos los países de la Unión que se lleva a cabo mediante proyectos.