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Conceptos generales

Se considera suelo contaminado, a los efectos de la ley 22/2011, de 28 de julio, el que cumple con las siguientes condiciones:

  • Que sus características naturales hayan sido alteradas negativamente por la presencia de componentes químicos de carácter peligroso procedentes de la actividad humana, en concentración tal que comporte un riesgo inaceptable para la salud humana o el medio ambiente, de acuerdo con los criterios y estándares que se determinan por la normativa vigente.
  • Que se haya declarado como suelo contaminado por resolución expresa del órgano competente de la comunidad autónoma en la que se encuentre.

Esta definición implica por tanto:

  • El desarrollo previo sobre el suelo de una actividad humana.
  • La alteración por dicha actividad de la concentración natural en el suelo de determinados componentes químicos peligrosos.
  • Que dicha concentración de componentes químicos supongan un riesgo inaceptable para la salud humana o para los ecosistemas. Lo que implica la necesidad de evaluar o valorar dicho riesgo en función de los contaminantes, el uso y los valores a proteger.
  • Que, una vez comprobados estos extremos, la administración competente resuelva expresamente la declaración de suelo contaminado.

La normativa define los siguientes posibles usos del suelo en función de las actividades que sobre el mismo se desarrollen:

  • Uso industrial: actividades industriales, excluidas las agrarias y ganaderas.
  • Uso urbano: activida­des de construcción de viviendas, oficinas, equipamien­tos y dotaciones de servicios, y para la realización de actividades recreativas y deportivas.
  • Otros usos: actividades agrícolas, forestales y ganaderas, no siendo industrial ni urbano.

Se entiende por riesgo la probabilidad de que un contaminante presente en el suelo entre en contacto con algún receptor con consecuencias adversas para la salud de las personas o el medio ambiente.

Se define nivel genérico de referencia NGR como el nivel de concentración de sustancias contaminantes del suelo que no suponen un riesgo superior al máximo aceptable para la salud humana.

En los Anexos V y VI del Real Decreto 9/2005, de 14 de enero un listado de sustancias contaminantes del suelo y los NGR que se utilizarán para la evaluación de la contaminación del suelo producida por estas en función del uso del suelo, para la protección de la salud humana y los ecosistemas respectivamente.

Para calcular los NGR de otras sustancias el RD 9/2005, de 14 de mayo, define en su Anexo VII la metodología para el cálculo de NGR para:

  • La protección de la salud humana se determinan los valores umbrales toxicológicos en función del uso del suelo: vías de exposición y características del individuo más expuesto determinando la dosis a la que está expuesto en función de las diferentes vías de exposición y concentración máxima admisible de la sustancia en cuestión; y se aplicarán criterios de ponderación en usos urbanos e industriales se reducirán los niveles y criterios de reducción para sustancias de síntesis.
  • La protección de los ecosistemas se determinaran los valores umbrales toxicológicos, pudiendo aplicarse criterios de reducción.
  • NGR para metales, en el caso de que no sea posible aplicar la metodología de los apartados anteriores las comunidades autónomas que no dispongan de NGR de metales podrán adoptar los resultantes de sumar a la concentración media el doble de la desviación típica de las concentraciones existentes en suelos de zonas próximas no contaminadas y con sustratos geológicos de similares características, siendo estos valores aplicables a cualquier uso y tanto para la protección de la salud humana como para la de los ecosistemas.

Fuentes de información para la declaración de suelo contaminado

Un suelo será declarado como contaminado cuando se determinen riesgos inaceptables para la protección de la salud humana o, en su caso, los ecosistemas, debidos a la presencia en el suelo de cualquier sustancia contenida en los Anexos V y VI del RD 9/2005, o de otras sustancias contaminantes.

El Anexo III del RD 9/2005, de 14 de enero recoge las circunstancias en las que las comunidades autónomas pueden considerar un riesgo inaceptable, cuando no se disponga de la correspondiente valoración de riesgos, (cuando la concentración de las sustancias contaminantes exceda en 100 o más veces los NGR según uso, en el caso de protección de la salud humana, cuando los niveles de concentración letal o efectiva media para organismos de suelo o acuáticos supere los valores indicados, en los casos de protección de los ecosistemas).

Atendiendo a estos criterios y a la información recibida de los titulares y propietarios del suelo, informes de situación del suelo, u otras fuentes de información disponibles, el órgano autonómico competente podrá declarar el suelo contaminado para determinados usos y teniendo en cuenta el objeto de protección en cada caso, bien la salud humana o bien los ecosistemas. (art. 4.1)

Están obligados a realizar una valoración de riesgos, (análisis cuantitativo de riesgos o ACR), los titulares de las actividades o propietarios del suelo, en su caso, en los que concurra alguna de las circunstancias previstas en el Anexo IV del citado RD. Estas circunstancias se definen como la presencia de hidrocarburos en concentración superior a 50 mg/kg o la existencia de evidencias analíticas de concentraciones de una sustancia contaminante que supere su NGR).

Tras realizar esta valoración, deberán ponerla en conocimiento del órgano competente de la comunidad autónoma, a los efectos de su declaración o no como suelo contaminado. (art. 4.3)

El contenido de la Valoración de riesgos se define en el Anexo VIII del RD 9/2005, pudiendo las comunidades autónomas desarrollarlo.

Cuando de la información resultante de los Informes de situación de suelo o de la valoración de riesgos se deriven evidencias o indicios de contaminación de las aguas subterráneas como consecuencia de la contaminación de un suelo, tal circunstancia será notificada a la administración hidráulica competente, sin perjuicio de lo establecido en la normativa de aguas subterráneas.

Resolución de declaración de suelo contaminado

La declaración de suelo contaminado incluirá, al menos, la información contenida en el apartado 1 del anexo XI de la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados, que incluye datos de identificación del suelo, de sus propietarios y poseedores, de los causantes de la contaminación, actividades y contaminantes, y de los obligados principal y subsidiario para realizar las operaciones de limpieza y recuperación del suelo.

 Efectos de la declaración de suelo contaminado:

  • Obliga a realizar las actuaciones necesarias para proceder a su limpieza y recuperación, en los términos y plazos dictados por el órgano autonómico competente.
  • Será objeto de nota marginal en el Registro de la Propiedad, a iniciativa del órgano autonómico competente, una vez que la resolución haya sido notificada a todos los titulares registrales y sea firme en vía administrativa.
  • Puede comportar la suspensión de la ejecutividad de los derechos de edificación y otros aprovechamientos del suelo en el caso de resultar incompatibles con las medidas de limpieza y recuperación del terreno que se establezcan, hasta que éstas se lleven a cabo o se declare el suelo como no contaminado.
  • El suelo será incluido en el Inventario de Suelos Contaminados de la Comunidad Autónoma.

Descontaminación y recuperación de suelos contaminados

Sujetos responsables:

Están obligados a realizar las operaciones de descontaminación y recuperación de suelos los causantes de la contaminación, (solidariamente si son varios).

Obligados subsidiarios: en primer lugar los propietarios de los suelos contaminados y en segundo lugar los poseedores de los mismos. En caso de bienes de dominio público en régimen de concesión responderá subsidiariamente en primer lugar el poseedor del suelo y en segundo lugar el propietario.

Las obligaciones previstas en este apartado se entienden sin perjuicio de lo establecido en los artículos 54 y 55 de la ley 22/2011, de 28 de julio, relativos a la reparación de daños e indemnizaciones y la imposición de multas coercitivas y ejecución subsidiaria.

Los responsables subsidiarios podrán repercutir el coste de las actuaciones recuperación de un suelo declarado contaminado, al causante o causantes de la contaminación, hasta el nivel de coste correspondiente al uso del suelo en el momento en que se produjo la contaminación.

Condiciones de las actuaciones de recuperación.

El alcance y ejecución de las actuaciones de recuperación será tal que garantice que la contaminación remanente, si la hubiera, se traduzca en niveles de riesgo aceptables de acuerdo con el uso del suelo.

La recuperación de un suelo contaminado se llevará a cabo aplicando las mejores técnicas disponibles en función de las características de cada caso. Las actuaciones de recuperación deben garantizar que materializan soluciones permanentes, priorizando, en la medida de lo posible, las técnicas de tratamiento in situ que eviten la generación, traslado y eliminación de residuos.

Siempre que sea posible, la recuperación se orientará a eliminar los focos de contaminación y a reducir la concentración de los contaminantes en el suelo. En el caso de que por razones justificadas de carácter técnico, económico o medioambiental no sea posible esa recuperación, se podrán aceptar soluciones de recuperación tendentes a reducir la exposición, siempre que incluyan medidas de contención o confinamiento de los suelos afectados.

Pérdida de la condición de suelo contaminado

Los suelos contaminados perderán esta condición cuando se realicen en ellos actuaciones de descontaminación que, en función de los diferentes usos, garanticen que aquellos han dejado de suponer un riesgo inadmisible para el objeto de protección designado, salud humana o ecosistemas.

En todo caso, un suelo dejará de tener la condición de contaminado para un determinado uso una vez exista y sea firme la resolución administrativa que así lo declare, previa comprobación de la efectividad de las actuaciones de recuperación practicadas.

Esta resolución se incluirá en el Inventario de Suelos contaminados de la Comunidad Autónoma.

Recuperación voluntaria de suelos

La descontaminación del suelo para cualquier uso previsto de este podrá llevarse a cabo, sin la previa declaración del suelo como contaminado, mediante un proyecto de recuperación voluntaria aprobado por el órgano competente de la Comunidad Autónoma. Tras la ejecución del proyecto se acreditará que la descontaminación se ha llevado a cabo en los términos previstos en el proyecto. La administración competente llevará un registro administrativo de las descontaminaciones que se produzcan por vía voluntaria.

Financiación para la recuperación de suelos contaminados

Las actuaciones para proceder a la limpieza y recuperación de los suelos declarados como contaminados podrán llevarse a cabo mediante:

  • Acuerdos suscritos entre los obligados a realizar dichas operaciones y autorizados por las Comunidades Autónomas.
  • Convenios de colaboración entre los sujetos obligados y las administraciones públicas competentes, estos podrán incluir incentivos económicos de ayudas públicas para las operaciones de limpieza y recuperación de los suelos, definidas con criterios claros y previo compromiso del beneficiario de que las posibles plusvalías que adquieran los suelos revertirán en la cuantía subvencionada en favor de la Administración pública que haya financiado las citadas ayudas.
  • Mediante los contratos previstos en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de contratos del sector público.

En todo caso, los costes de limpieza y recuperación de los suelos contaminados correrán a cargo del obligado en cada caso, a realizar dichas operaciones.

Inventario de suelos contaminados de la Región de Murcia

De conformidad con el artículo 35 de la ley 22/2011, de 28 de julio, la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia cuenta con el siguiente:

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